El presidente Gustavo Petro ordenó este jueves una reducción inmediata de $500 en el precio de venta al público del galón de gasolina motor para automóviles, una decisión que, según el Gobierno, busca trasladar al consumidor los beneficios fiscales derivados del superávit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC).
La medida fue oficializada mediante una circular dirigida a los distribuidores minoristas de combustibles en la que se dispone que todas las estaciones de servicio del país deberán actualizar sus precios y publicarlos de forma visible en tableros, surtidores, sistemas de facturación electrónica, material publicitario y plataformas digitales.
“Ninguna estación podrá mantener precios anteriores, aplicar valores intermedios, realizar cobros diferidos o implementar esquemas que oculten o fraccionen la reducción”, señala la disposición oficial.
El anuncio del Gobierno se da luego de que el presidente Petro asegurara que, tras varios meses de ajustes fiscales, el FEPC pasó de registrar un déficit histórico de 70 billones de pesos a un superávit operativo, lo que permite aplicar una reducción gradual en el valor del combustible sin comprometer la sostenibilidad financiera del Estado.
Control estricto y sanciones ejemplares
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) será la encargada de vigilar el cumplimiento de la medida. El organismo advirtió que abrirá investigaciones administrativas a las estaciones que no apliquen la reducción de manera inmediata o que incurran en prácticas que vulneren los derechos de los consumidores.
En los casos más graves, la entidad podrá remitir los hallazgos a las autoridades penales y disciplinarias, especialmente si se comprueban conductas de manipulación, especulación o fraude.
“La reincidencia en estas prácticas será considerada una circunstancia agravante y podrá derivar en la cancelación definitiva de la autorización para la compra y distribución de combustibles”, advierte la circular.
La decisión también refuerza el mensaje del Gobierno sobre transparencia y control en el sector energético, luego de meses de debate público por los aumentos sostenidos en los precios del combustible durante 2023 y 2024, necesarios —según el Ejecutivo— para cerrar el déficit fiscal heredado del FEPC.
Impacto en consumidores y distribuidores
El anuncio ha sido recibido con expectativa por los consumidores, que esperaban una disminución en los costos del transporte y los productos básicos. Expertos señalan que la reducción, aunque significativa, no representa una tendencia definitiva, sino un ajuste puntual derivado del equilibrio fiscal alcanzado.
Desde el sector de distribuidores minoristas, algunas asociaciones han pedido claridad en los mecanismos de compensación y en la logística de actualización de precios, para evitar sanciones injustificadas.
Por su parte, el Gobierno insistió en que el objetivo central es garantizar un alivio directo para los hogares colombianos y reforzar la confianza en las políticas económicas.
“Esta reducción es una señal de estabilidad y responsabilidad fiscal. Representa el esfuerzo del país por normalizar los precios del combustible sin poner en riesgo las finanzas públicas”, indicó una fuente del Ministerio de Minas y Energía.
La instrucción presidencial se enmarca en una estrategia más amplia de ajuste progresivo de los combustibles, que incluye la revisión de tarifas del diésel y la evaluación de subsidios regionales para el transporte público.
Con la aplicación inmediata de esta reducción, el Gobierno espera que los consumidores comiencen a notar el alivio en sus gastos diarios, al tiempo que refuerza la vigilancia sobre los actores del mercado para evitar irregularidades.
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