En una sentencia histórica que refuerza uno de los pilares del derecho constitucional estadounidense, la Corte Suprema ha bloqueado este martes el decreto presidencial que pretendía negar la ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio nacional.
Por 6 votos contra 3, el máximo tribunal del país declaró inconstitucional la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump el 20 de enero de 2025, al inicio de su mandato. La decisión, que ratifica los fallos de todas las instancias judiciales inferiores que revisaron el caso, supone un revés contundente para la estrategia migratoria del gobierno.
El decreto presidencial argumentaba que los niños nacidos en EE.UU. de padres en situación irregular no estaban «sujetos a la jurisdicción» del país, una interpretación que la Corte ha desestimado por completo. En su fallo, los jueces han sido categóricos: «los niños nacidos en Estados Unidos de padres presentes ilegalmente o temporalmente son ciudadanos por nacimiento en virtud de la Decimocuarta Enmienda».
La sentencia subraya el origen histórico de esta enmienda, adoptada en 1868 tras la Guerra de Secesión, que garantizaba los derechos de los esclavos liberados y sus descendientes. Los magistrados han enfatizado que los hijos de inmigrantes, incluso aquellos que residen en el país sin estatus legal, están plenamente «sujetos a la jurisdicción» de EE.UU. desde el momento de su nacimiento.
El presidente Trump justificó su iniciativa como una medida para combatir el llamado «turismo de nacimiento», la práctica de mujeres extranjeras que viajan a EE.UU. para dar a luz y obtener el pasaporte estadounidense para sus hijos. Sin embargo, la Corte ha establecido que las únicas excepciones a este derecho constitucional son los hijos de diplomáticos extranjeros y, en algunos casos, los vinculados a comunidades indígenas históricas.
Lo más destacado del fallo es la inesperada división en el seno de un tribunal de mayoría conservadora. Tres jueces de este bloque se alinearon con los tres progresistas para conformar la mayoría, mientras que varios magistrados han presentado opiniones individuales que reflejan el profundo debate jurídico detrás de la decisión.
La resolución, emitida a pocos días de la celebración del 250º aniversario de la independencia de Estados Unidos, reafirma el principio de que el derecho a la ciudadanía por nacimiento es un pilar fundamental e innegociable de la democracia estadounidense.