En un llamado a defender lo que califican como un “acto de justicia social”, el Comando Nacional Unitario —integrado por las principales centrales obreras y confederaciones de pensionados del país— convocó una jornada de movilización nacional para este miércoles 28 de enero de 2026. El objetivo es claro: proteger el decreto gubernamental que fijó un incremento histórico del 23% en el salario mínimo para el presente año, y que hoy enfrenta múltiples demandas judiciales que buscan su anulación.
El epicentro de la protesta serán los palacios de justicia en las principales ciudades, donde a partir de las 10:00 a.m. (con variaciones horarias según la ciudad) los sindicatos buscarán visibilizar su rechazo a lo que denominan “una ofensiva jurídica y política” de sectores empresariales y políticos de oposición. Para las organizaciones convocantes —la CUT, CTC, CGT, CPC y CDP—, el debate ha trascendido lo técnico para instalarse en un terreno de disputa por el modelo social.
El Fondo del Conflicto: Un Decreto en la Mira
El detonante de la movilización es la admisión de varias acciones legales en contra del decreto expedido por el Gobierno Nacional, el cual estableció el salario mínimo en 2 millones de pesos para 2026, incluyendo el auxilio de transporte. Las centrales defienden la plena constitucionalidad de la medida, argumentando que se ampara en el artículo 53 de la Carta Política, que consagra el salario mínimo vital y móvil, y en la facultad del Ejecutivo para fijarlo ante la falta de acuerdo en la Comisión Nacional de Concertación.
Fabio Arias, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), fue enfático al señalar que “este incremento es un avance decidido hacia la dignificación del ingreso de millones de colombianos”. Desde la perspectiva sindical, las demandas judiciales representan un intento por frenar una política redistributiva clave para reactivar el mercado interno y fortalecer el poder adquisitivo de los hogares más vulnerables.
Argumentos y Refutaciones: Más Allá del Debate Económico
Las organizaciones han salido al paso de los críticos con un sólido andamiaje argumentativo. En primer lugar, rechazan la tesis de que el alza del salario mínimo destruye empleo, citando estudios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que respaldan el concepto de “ingreso digno”. En segundo lugar, descargan la responsabilidad de la inflación en otros factores estructurales, como el costo de los combustibles, la intermediación financiera y las rentas monopólicas.
“El aumento salarial no es el principal motor de la inflación. Esta responde a decisiones empresariales y a la inflación de los productores”, afirmaron en un comunicado. Asimismo, cuestionaron los recientes incrementos en las tarifas del transporte público en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, por considerarlos desproporcionados y una transferencia injusta del costo a los usuarios.
Como contraparte, el Gobierno implementó medidas de desindexación para evitar efectos en cascada, desvinculando el valor del salario mínimo de rubros como copagos de salud, cuotas moderadoras, multas, comparendos y arriendos.
Cronograma de una Jornada Nacional
La convocatoria es masiva y descentralizada. En Bogotá, la concentración será a las 4:00 p.m. frente al Palacio de Justicia. Otras ciudades como Medellín, Cali, Ibagué y Cúcuta iniciarán a las 10:00 a.m. también en sus respectivos palacios judiciales. En Barranquilla el punto es el Centro Cívico a las 9:00 a.m., mientras que en Santa Marta, Riohacha y Tumaco las actividades comenzarán a las 8:00 a.m. en parques y plazas centrales.
Una Defensa que Promete Extenderse
Las centrales han advertido que esta movilización es solo el primer capítulo de una defensa que se extenderá a todos los escenarios: jurídico, político y social. “Defender este decreto es defender la Constitución, la democracia social y el derecho a vivir con dignidad. No permitiremos retrocesos”, sentenciaron.
La jornada del 28 de enero marca así un nuevo pulso entre el movimiento sindical y los sectores que se oponen al incremento, instalando una discusión profunda sobre el costo de la vida, la justicia económica y los límites de la intervención estatal en la economía. El resultado de este conflicto podría definir no solo el bolsillo de los trabajadores, sino el rumbo de la política social en los próximos años.
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