Por: Redacción Economía
Con la llegada de julio de 2026, Colombia se encamina a cumplir la última etapa de la Ley 2101 de 2021, que dejará la jornada laboral semanal en 42 horas. Este cambio, que inició en 2023 con una reducción gradual desde las 48 horas (pasando por 47, 46, 44 y ahora 42), busca mejorar la calidad de vida de los trabajadores sin afectar su salario.
Sin embargo, a dos meses de que el nuevo horario sea obligatorio, el panorama presenta luces y sombras. Un sondeo realizado por El País entre caleños revela que la aplicación de la norma es desigual. Mientras algunos trabajadores de grandes empresas ya sienten el beneficio de “llegar más temprano a casa” o tener “más tiempo para la familia, sin afectar el bolsillo”, otros sectores, como vigilancia y enfermería, denuncian que la reducción es ficticia, pues las horas se convierten en extras que terminan desgastando al empleado.
“Yo sigo trabajando 72 horas semanales, sin derecho a prestaciones ni vacaciones”, afirmó una técnica auxiliar de enfermería, evidenciando la brecha entre el trabajo formal y el informal o de baja calidad.
Beneficios reales y productividad estancada
De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), a marzo de 2026, 10,4 millones de colombianos son empleados particulares, lo que los convierte en beneficiarios directos de la norma. Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública de la Universidad del Rosario, destaca que las grandes empresas han logrado compensar el mayor costo de la hora laboral con estrategias de productividad.
En ese sentido, Natalia Camacho, de Adecco Colombia, afirma que las compañías que rediseñaron procesos y priorizaron la gestión por resultados han mantenido su productividad entre un 5 % y un 10 %. “Menos horas no reducen el desempeño si se acompaña de eficiencia operativa”, señaló.
No obstante, las cifras del Dane muestran que la productividad laboral por hora trabajada en Colombia creció solo un 0,40% en 2025, y la productividad por persona empleada cayó un 0,56%. El país sigue rezagado frente a naciones como Chile, lo que indica que el camino hacia la eficiencia es todavía un desafío.
El drama de las Mipymes: costos al alza y riesgo de informalidad
El mayor dolor de cabeza se concentra en las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que representan más del 80% del tejido empresarial colombiano. Según Rafael Muñoz, director de Acopi Valle, la reducción de la jornada, sumada a otras medidas de la reforma laboral (como el aumento de recargos nocturnos y dominicales), ha incrementado el costo por hora para las Mipymes entre un 1,9 % y un 34,7 %.
“Esto representa un incremento en el costo laboral para los que operan por turnos, horarios extendidos o fines de semana. Hay una presión financiera”, explicó Muñoz. Los cálculos de Acopi son alarmantes: un 30 % de las pymes podrían estar en riesgo por no poder asumir estos costos, y un 58,4 % de los empresarios afirmó que se verían obligados a reducir entre uno y cinco empleados.
El profesor Amorocho coincide en que la informalidad se ha exacerbado. “Estamos bajando el desempleo, pero con trabajo de baja calidad, por cuenta propia o con remuneraciones por debajo del mínimo”, advirtió.
Empresarios piden acompañamiento, trabajadores exigen cumplimiento
Mientras sectores como los call centers y las industrias 24 horas se ven obligados a realizar nuevas contrataciones para cubrir los turnos, elevando sus costos onerosos, los trabajadores informales o mal contratados claman por la aplicación efectiva de la ley. Frases como “no les dan el día de la familia” o “no les dan medio día por votar” son recurrentes en las redes sociales.
Ante este escenario, los expertos recomiendan a las empresas no solo reducir horas, sino transformar su gestión: implementar objetivos claros, automatizar tareas y fortalecer equipos autónomos. La medida también podría ser una ventaja para atraer talento joven, que valora el equilibrio entre vida y trabajo por encima de beneficios tradicionales.
A partir de julio, Colombia se sumará al grupo de países latinoamericanos con jornadas laborales más cortas. El éxito de la medida dependerá de si el país logra aumentar su productividad y, sobre todo, de si logra que los beneficios de la ley lleguen también a los 8 de cada 10 empresarios que conforman las Mipymes, sin que estos se vean forzados a emigrar a la informalidad.
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