En un debate tenso en el Capitolio, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, justificó este martes la decisión del Ejecutivo de declarar la emergencia económica, atribuyéndola directamente a la negativa del Congreso de aprobar la Ley de Financiamiento, lo que habría generado un “vacío fiscal excepcional”.
Ávila recordó que el mismo Congreso que aprobó el presupuesto nacional meses atrás “niega por la sumatoria de cinco senadores” la ley que le daba soporte financiero. “Esto creó una situación excepcional”, afirmó el jefe de la cartera de Hacienda, subrayando que la medida constitucional busca garantizar el funcionamiento del Estado y la estabilidad financiera del país.
Desde el Ministerio del Interior, el titular Armando Benedetti reforzó la postura oficial y advirtió que el Legislativo será responsable del eventual encarecimiento de la deuda pública. Según Benedetti, el mensaje enviado a los mercados internacionales fue de incertidumbre, lo que reduce la capacidad de pago del Gobierno y podría elevar el costo del crédito para Colombia.
La ley de financiamiento, radicada en 2025, buscaba recaudar aproximadamente 16,3 billones de pesos mediante reformas tributarias para cubrir el presupuesto de 2026. Su rechazo dejó sin financiación rubros clave como salud, educación, seguridad y programas sociales.
El Ejecutivo alertó que, sin esos ingresos, el déficit fiscal podría ampliarse considerablemente, afectando la confianza inversionista y limitando la capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones. “Un mayor desequilibrio en las finanzas públicas tendría efectos directos sobre el costo de la deuda”, señalaron desde Hacienda.
La declaratoria de emergencia económica permitiría al Gobierno adoptar medidas extraordinarias para cubrir el faltante, aunque su implementación requiere el aval del Congreso, donde varios sectores ya han mostrado divisiones frente a la iniciativa.
La polémica entre los poderes Ejecutivo y Legislativo se mantendrá en las próximas sesiones del Congreso, donde se definirá si se avala la emergencia o se buscan alternativas legislativas para resolver el vacío financiero.
Mientras tanto, el Gobierno insiste en que la medida es indispensable para evitar un deterioro mayor de las cuentas públicas y asegurar la continuidad de la inversión social en un año crítico.
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